Crónica de «Más allá del crecimiento / Beyond Growth España» (III): Experiencias prácticas

(Tercera entrega de la crónica de nuestro enviado especial a la conferencia poscrecentista que tuvo lugar en Madrid el viernes 26 de septiembre. Consúltense las partes I y II previamente publicadas en nuestra revista.)

Las experiencias prácticas en decrecimiento de la sociedad civil y los gobiernos municipales

Cerró la mañana la palestra más nutrida de la jornada, con ocho ponentes para compartir diversas experiencias desde diversos ámbitos y esbozar cómo se están desarrollando ya prácticas decrecentistas o poscrecentistas. El objetivo era mostrar cómo la sociedad civil se está rebelando, a través de la protesta o de la construcción de alternativas, contra los efectos muchas veces catastróficos del crecimiento sin límites impuesto por el sistema económico capitalista. De Hernani a Girona, de la agroecología a las viviendas cooperativas en cesión de uso, de la articulación de redes de resistencia a los derechos de las generaciones futuras, el Congreso acogió una pequeña muestra de las numerosas iniciativas forjadas en la cooperación y en lo común que giran alrededor del mismo eje: el bienestar de las personas.

Manuel Casal Lodeiro, coordinador de la revista 15/15\15

Seguir planificando el crecimiento del PIB es planificar los genocidios del mañana.

El encargado de moderar y presentar fue Manuel Casal Lodeiro^[1], coordinador de nuestra revista y del Instituto Resiliencia, que comenzó a expresarse incluso antes de abrir la boca vistiendo una camiseta diseñada por la marca de slow fashion Tuuinx con la ilustración basada en los nueve límites planetarios naciendo de un grito de horror. Y de horror comenzó hablando Casal Lodeiro antes de entrar al contenido del panel. Del horror del asesinato del político que dio nombre a la sala de conferencias donde se estaba celebrando el evento, Ernest Lluch, al del genocidio en Gaza. Aunque el tema puidera parecer ajeno al decrecimiento —reflexionó nuestro coordinador— “por desgracia, no es así”.

La gente de ciencia se desespera intentando que comprendamos que la única manera de evitar un cambio climático catastrófico que nos lleve a la extinción es poner freno al crecimiento. Por tanto, hablar de decrecer, hablar de reducir drásticamente y con urgencia la obesidad mórbida de esta civilización, es hablar de sobrevivir. No puedo callar hoy esta verdad ante los representantes del Partido Único del Crecimiento Infinito, por mucho que les escueza oírla. Seguir planificando el crecimiento del PIB es, en realidad, planificar los genocidios del mañana. O, en palabras de Jorge Riechmann, ignorar el límite conduce al genocidio. Seguir insistiendo en crecer en un planeta finito no solo puede llevarnos a luchar encarnizadamente contra otros pueblos, contra otras especies, contra las generaciones de nuestras hijas y nietos, por robarles los recursos que en justicia les corresponden”. Y todo para “quemar el botín en el altar del sacrosanto PIB, a mayor gloria de un sistema tan absurdo, el capitalista, que solo funciona si crece sin parar y que, por tanto, es un cáncer para nuestra especie y para la vida en la Tierra.

Frente a esto, “existen otras maneras de organizar una economía, una sociedad, otras culturas, otras formas de civilización. Han existido durante el 99% de la historia de nuestra especie y es hora de recuperarlas o reinventarlas”. Precisamente, las personas invitadas a este panel compartirían ejemplos de “experiencias que ya están caminando en esta dirección, que han pasado de las palabras a los hechos”. Antes de presentar al primer invitado, Manuel Casal advirtió que habían quedado fuera de la conferencia iniciativas en áreas tan importantes como la cultura poscrescentista, el arte —de ahí su decisión de hacerla presente vistiendo un diseño artístico—, la educación ecosocial, la defensa del territorio o casos prácticos de autogestión. En este área citó “ejemplos milenarios de economía no capitalista” como las casi tres mil comunidades de montes gallegas que representan un cuarto de la superficie total de Galicia y que siguen, a día de hoy, generando riqueza sostenible fuera del capitalismo y en un régimen de propiedad comunal, y que pese a ello no fueron invitadas a participar.

Casal finalizó con una llamada de atención a la clase política —por desgracia, parte de los pocos políticos que habían asistido a la sesión anterior ya habían abandonado la conferencia y tan sólo permanecían Mikel Otero y Marc Pons en la fila 0— para que “tome nota de que cuenta ya con una multitud de proyectos y realidades que están en marcha y que su papel desde los gobiernos, consiste, en primer lugar, en no torpedear ni poner obstáculos a estas semillas de transición ecosocial y, en segundo lugar, en prestarles todo el apoyo institucional que merecen, en forma de marcos legales adecuados y de recursos económicos y de todo tipo”.

Xabier Lertxundi, alcalde de Hernani (EH Bildu)

Debemos seguir dando pasos hacia una transición en la que dejemos de lado el sistema capitalista y cambiemos a uno nuevo en el que la persona esté en el centro.

¿Qué medidas concretas ha adoptado el Ayuntamiento de Hernani para priorizar el bienestar comunitario y la resiliencia por encima del crecimiento económico? Y ¿qué lecciones prácticas, aciertos y errores puedes compartir para otras administraciones locales?

Antes de contestar a las preguntas del moderador, el alcalde de Hernani explicó que el municipio que dirige, en la provincia de Gipuzkoa y limítrofe son su capital, con 20.000 habitantes, se puede considerar un ayuntamiento entre mediano y grande que ocupa el séptimo puesto en cuanto a tamaño en la provincia. Lo del tamaño es importante, explicó, porque “en estas dimensiones se puede experimentar, se pueden poner en marcha proyectos que quizá en otros ámbitos son más difíciles”. El proyecto de gobierno que presentó Lertxundi lo han denominado Hernani Burujabe (Hernani soberano), y con él pretenden implementar una transición ecosocial basada en una soberanía sectorial.

El paso previo antes de organizar el proyecto fue “detectar o definir cuáles eran los sectores para dar respuesta a las necesidades básicas de las personas”. Estos sectores en los que trabajar e incidir son ocho: cuidados, alimentación, energía, telecomunicaciones, moneda local, emprendimiento, biodiversidad y vivienda.

A la hora de diseñar planes para estos sectores se hace desde una participación real de la sociedad a través de tres agentes: ciudadanía, economía y el sector público, representado este último por el ayuntamiento. Xabier Lertxundi no se extendió en este particular por falta de tiempo, pero sí adelantó que cada sector tiene su mesa sectorial donde se diseñan los planes estratégicos con la participación de los tres ejes mencionados en confluencia. Todas estas mesas sectoriales confluyen, a su vez, en el Consejo de Soberanía, que es el principal órgano decisorio y de planificación. En este Consejo de Soberanía se debate y acuerda el planeamiento general para el desarrollo local y se define cuál es el camino para llevarlo a cabo estableciendo prioridades, distribuyendo el presupuesto y unificando las estrategias de las áreas. En todo este organigrama y sectores hay valores transversales comunes como la paridad, la sostenibilidad, la interculturalidad y el euskera.

La participación del ayuntamiento en Hernani Burujabe se hace a través de convenios de colaboración con los que se ponen en marcha proyectos y servicios con agentes locales como cooperativas y asociaciones sin ánimo de lucro.

El alcalde abertzale centró su explicación en tres de los sectores mencionados: el de los cuidados, el energético y la creación de una moneda local.

En el sector de los cuidados, por ejemplo, se inició un proyecto para para hacer frente a la soledad no deseada de las personas mayores que, aunque fue ideado en Hernani, se está expandiendo por toda Gipuzkoa. Este proyecto no sólo trata de prestar este servicio de cuidados a las personas mayores, sino que lo amplía al cuidado de las propias cuidadoras. “Estamos haciendo una inversión económica importante para que las trabajadoras de ayuda a domicilio tengan un convenio digno y sus condiciones laborales se asemejen a las del personal público del ayuntamiento”.

En cuanto a la energía, el ayuntamiento facilitó la concesión por 25 años de trece superficies de titularidad pública para la instalación de paneles solares para la comunidad energética Hernani Enherkom, de naturaleza cooperativa, que agrupa a más de doscientas personas socias. La inversión municipal en este caso ascendió a 3,2 millones de euros.

Finalmente, Lertxundi habló de la creación de una moneda local, “un sistema cerrado fuera del circuito ordinario que se está trabajando con el pequeño comercio local”. En cifras, actualmente trabajan con esta moneda local 127 establecimientos comerciales y asociaciones, con 750 personas socias y 1.400 usuarias. Las previsiones para 2025 es que se completen 125.000 operaciones comerciales por valor de tres millones de euros con esta moneda. Desde su creación en 2022, acumula 290.000 operaciones comerciales por valor de siete millones de euros. En el futuro, la intención es que “el ayuntamiento también esté presente y pueda cobrar sus tasas y sus impuestos a través de esta moneda local, creando un circuito cerrado fuera del sistema monetario y bancario”.

“Antes se comentaba que la transición no es rentable desde el punto de vista capitalista, pero sí es rentable desde un punto de vista social y humano”, concluyó el alcalde de EH Bildu, añadiendo que “siendo representantes públicos de instituciones públicas, yo creo que tenemos que incidir en esto, en seguir dando pasos hacia la transición para que en este largo camino lleguemos a un final en el que el sistema capitalista lo dejemos de lado y estemos en un nuevo sistema en el que la persona se sitúe en el centro”.

Sergi Cot, concejal de Acción Climática en el Ayuntamiento de Girona (CUP)

El Decrecimiento necesita municipios fuertes, competencias claras y recursos suficientes para actuar y pasar del discurso a la práctica.

¿Qué diferencia existe entre gobernar un ayuntamiento de la forma habitual y hacerlo de una manera decrecentista? ¿Qué prioridades y herramientas se ha marcado vuestro ayuntamiento para llevar adelante esta hoja de ruta decrecentista?

Sergi Cot ejerce como concejal de de Acción Climática en Girona, una ciudad de cien mil habitantes cuya área urbana supera los límites urbanos por el efecto de la capitalidad. Cot se refirió al convenio que tienen con Research & Growth, o a las colaboraciones con el LEQUIA (Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la Universitat de Girona) y con Dark Matter Labs, una consultoría internacional en economía cívica urbana “para juntos trabajar mejor los vínculos entre la administración local y la academia, y también en el análisis y la diagnosis de la generación de políticas públicas municipales en clave poscrecentista”. Estas colaboraciones, para Cot, buscan una unión que parece imposible “entre el fango institucional del día a día y el mundo teórico y académico”.

Partiendo de la evidencia de que los municipios son la administración más cercana a la ciudadanía y, por lo tanto, los primeros receptores de las demandas sociales, pero también los primeros que deben capitalizar ciertos retos, Sergi Cot quiso analizar los límites estructurales a la hora de hacer políticas decrecentistas o transformadoras desde los ayuntamientos. Los hándicaps serían cuatro, a juicio del concejal cupaire:

1. En primer lugar, las competencias difusas que tienen los ayuntamientos en ámbitos clave para el Decrecimiento como energía, residuos, alimentación, movilidad o, por ejemplo, restauración ecológica. Se trata de competencias que “no están claramente atribuidas a los municipios” pero en las que se puede trabajar en ámbitos que sí son de competencia municipal como mercados, vigilancia sanitaria, alumbrado, transporte urbano o gestión de residuos. El problema es que los ayuntamientos no tienen “una capacidad real para poder gestionar estos sectores de manera integrada”.
2. Segundo, la dependencia financiera, ya que los ayuntamientos dependen de ingresos limitados a través de impuestos como el IBI, tasas municipales, etcétera, además de las transferencias del Estado a la comunidad autónoma. “Sin recursos adicionales a todo esto, cualquier plan ambicioso se queda, al final, en proyectos piloto o programas puntuales que cuesta muchísimo establecer o blindar a largo plazo, sobre todo a nivel político si hay cambios de color entre los gobiernos locales”.
3. El tercer punto tiene que ver con la fragmentación territorial. Muchos municipios tienen poca población y, a menudo, demasiado territorio, por lo que no tienen ni recursos ni capacidad para desplegar técnicos especializados ni gestionar servicios complejos. Eso hace que el potencial de transformación decrecentista se diluya en microproyectos aislados.
4. Para rematar, y en cuarto lugar, el marco normativo actual es demasiado rígido. Los ayuntamientos se siguen regulando por la Ley de Bases del Régimen Local, una legislación de 1985 a la que apenas se le ha hecho una pequeña reforma en 2013. “Esta ley y otras normas limitan muchísimo la capacidad de innovación de las políticas públicas. A menudo nos encontramos que tenemos una buena idea o un buen proyecto, pero la ley no nos deja llevarlo a cabo o pone tantas dificultades que casi no merece la pena”. Para Cot, si queremos que las políticas públicas sean decrecentistas, poscrecentistas o poscapitalistas, y pasen de ser buenas prácticas locales a políticas públicas estructurales, las leyes deben reconocer expresamente los ámbitos de acción clave como competencias propias municipales o supramunicipales.

En conclusión, “el municipalismo es la clave para la transformación ecosocial y para encarar el Decrecimiento, pero no se puede llevar todo el peso sin un marco competencial financiero, humano y técnico adecuado”. Y, para ello, sería necesario actualizar las leyes actuales, transferir competencias a escalas más o menos municipales de manera estricta con capacidad técnica y financiera suficiente, y un sistema estable de financiación y apoyo que haga del Decrecimiento una política pública y no una suma de iniciativas locales aisladas. “En definitiva”, sentenció Cot, “el Decrecimiento necesita municipios fuertes, competencias claras y recursos suficientes para actuar. Solo así podemos pasar del discurso a la práctica”.

Sergi Cot, quien había iniciado su intervención con una protesta por no poder realizarla en su lengua, la finalizó reclamando una mayor relación y coordinación entre ayuntamientos que apuesten por políticas decrecentistas porque “es mucho más difícil si siempre estamos todos inventando la rueda cada dos días”.

Pilar Galindo (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)

Es urgente la transición a sistemas alimentarios agroecológicos y a un decrecimiento del modelo dominante.

¿Por qué la agroecología y sus iniciativas sobre el territorio son un vector clave para el Decrecimiento? Y ¿qué medidas de política pública son necesarias para avanzar en dicha transición garantizando, al mismo tiempo, vidas dignas en el medio rural?

Pilar Galindo comenzó relacionando el Decrecimiento con el sector alimentario, ya que “el actual desorden alimentario internacional es una de las actividades que más contribuye al rebasamiento de los límites planetarios”. Galindo matizó que no toda la agricultura ni toda la ganadería contribuye a esto, sino “aquella que está basada en la industrialización, mercantilización y globalización de los alimentos, en un aparente orden que, además de no resolver la desnutrición y generar cada vez más malnutrición, es responsable de la superación de seis de esos nueve límites”.

La vicepresidenta de la SEAE se retrotrajo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició un proceso de modernización de la agricultura tutelado por la Revolución Industrial y el libre comercio que no perseguía garantizar el derecho a una alimentación segura, saludable y soberana para todas las personas y pueblos, sino la producción de mercancías alimentarias rentables. Esta modernización se basó en modelos que intensificaron los manejos buscando una mayor productividad y que requirieron de una creciente inversión de capital, de menor trabajo humano y de una dependencia cada vez más grande de las empresas productoras de semillas, pesticidas y otros insumos. “Un modelo globalizado que consolida mercados internacionales donde pequeños productores y consumidores cada vez cuentan menos”.

El sistema agroalimentario se completa con las grandes distribuidoras, que dominan la cadena de valor imponiendo precios bajos a los productores, explicó. El resultado final son alimentos cada vez de peor calidad, más procesados, cargados de azúcares y harinas refinadas, y una prevalencia en el consumo de carnes de baja calidad en detrimento del consumo de legumbres, verduras y frutas de temporada, cercanía y procedentes de la agricultura familiar. En definitiva, “más producción de peor calidad, menos agricultores y ganaderos reemplazados y sometidos por grandes empresas agrarias competitivas y fondos internacionales de inversión”.

El impacto de este modelo agrario sobre la biodiversidad y el planeta es brutal “provocando un metabolismo extractivista que devuelve contaminación a suelos y aguas, reduciendo la biodiversidad y dejando indefensas plantas y animales. También afecta a la salud humana: los productos químicos de síntesis empleados destruyen la vida del suelo y sus residuos en los alimentos destruyen los microorganismos intestinales que cuidan nuestro sistema inmunológico”. La alimentación resultante es mala, con restos de plaguicidas y disruptores endocrinos que incrementan la obesidad, las enfermedades cardiovasculares o autoinmunes y el cáncer. “Por eso”, reivindicó Galindo, “es urgente la transición a sistemas alimentarios agroecológicos y a un decrecimiento del modelo dominante” apostando por la agricultura y alimentación ecológicas.

En su defensa de un modelo agroecológico, Pilar Galindo tiró de un informe de la SEAE que concluyó, a través de evidencias científicas, que la producción eco “reduce el impacto ambiental de la actividad agroganadera porque mejora la calidad y fertilidad de suelos y las aguas. También contribuye a mitigar el cambio climático al fomentar la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas frente al modelo industrial convencional. Pero es que, además, los alimentos ecológicos tienen bajos o nulos niveles contaminantes como residuos de plaguicidas y metales pesados y pueden ser más ricos en nutrientes y en antioxidantes”.

Posteriormente, Galindo citó a la doctora María Dolores Raigón quien durante la pandemia publicó el Manual de nutrición ecológica: de la molécula al plato, donde se demuestra que en los alimentos ecológicos hay más nutrientes y antioxidantes, con menos agua en vegetales y más proteínas y menos grasas en carnes. Otros dos informes, uno impulsado por Greenpeace y otro por Amigos de la Tierra, “refuerzan la idea de que debemos transitar con urgencia a sistemas alimentarios agroecológicos territorializados y a dietas saludables y adaptadas para luchar contra el cambio climático”.

La también presidenta de la cooperativa de consumo La Garbancita Ecológica citó a Olivier de Shutter, quien destaca la agricultura ecológica como base para impulsar la transición decrecentista, dando protagonismo a los mercados locales y a los pequeños y medianos agricultores.

Entre las medidas concretas con las que ir implementando esta transición hacia la agroecología, apenas citó unas pocas por falta de tiempo, como la compra pública de alimentos implicando a actores como los comedores escolares, las universidades, los centros de mayores o los hospitales. También puso el énfasis en las labores educativas y de concienciación, enseñando desde la escuela educación alimentaria para ir cambiando los hábitos hacia una dieta ecológica con mayor consumo de frutas y verduras. En este sentido, también consideró muy importante que la agroecología se introduzca de manera transversal en las carreras del ámbito de la salud y en la formación de los profesionales de cocina y gestores de comedor.

Finalmente, apuntó dos demandas focalizadas en el ámbito político: la introducción del derecho a una alimentación agroecológica en la Constitución y sacar la alimentación de la Organización Mundial del Comercio^[2]. Y, en la cima de las aspiraciones, Pilar Galindo demandó “crear las condiciones para que se alcance el último nivel de la escala de Gliessman de transición hacia la sostenibilidad agrícola, que es un nuevo sistema alimentario mundial agroecológico basado en la participación, lo local, la equidad, la justicia y la democracia”.

María Atienza (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria)

La economía solidaria será clave en los próximos años porque afrontaremos un contexto hostil marcado por las crisis climáticas y el aumento de desigualdades.

¿Qué instrumentos de política pública y financiación encontráis que han sido más efectivos para escalar iniciativas de economía social y solidaria? Y ¿qué barreras impiden actualmente su desarrollo como alternativa global a la economía del crecimiento y la economía capitalista?

Antes de empezar, María Atienza aclaró que lo que entendemos por economía social y solidaria es, en realidad, un conjunto muy diverso de realidades que van desde cooperativas a fundaciones, pasando por asociaciones, empresas de inserción e iniciativas comunitarias. El denominador común a todas estas experiencias es poner en el centro el binomio persona-territorio, siempre por encima del beneficio económico y financiero, que es lo que predomina en el sistema capitalista. Según los datos del CIRIEC, en España hay más de 75.000 entidades de economía social, con más de un millón de personas trabajadoras y más de 11.000 millones de euros de facturación.

Para María Atienza, “la economía solidaria será clave en los próximos años porque afrontaremos como sociedad un contexto hostil marcado por factores como crisis climáticas o el aumento de desigualdades”. Desde la REAS defienden el Decrecimiento desde una imperiosa necesidad de mantenernos en el marco de los límites planetarios; pero, al mismo tiempo, creen que la economía solidaria debe crecer. “Esto no es incompatible con el Decrecimiento”, explicó Atienza, “pero ¿cómo escalar?” La respuesta es que debemos hacerlo desde una perspectiva de intercooperación y no de competencia, sobre todo en actividades esenciales para la vida como vivienda, cuidados, educación, cultura, energía, alimentación, etcétera. Siempre desde un enfoque local y reforzando los vínculos comunitarios.

Este tipo de acciones hoy en día se concretan en datos como los referentes a la vivienda cooperativa en cesión de uso, que pasó de cien inmuebles habitados en 2020 a más de dos mil en 2025. En alimentación, por ejemplo, hay más de 15.000 familias en España que consumen a través de un modelo cooperativo con un 80% de productos ecológicos y un margen del 70% del precio que queda para los productores y las productoras.

A la luz de estos datos, vemos que la economía solidaria está creciendo. Pero si realmente queremos que escale para ser pieza clave en la transición decrecentista, para Atienza son fundamentales políticas públicas y financiación para apoyarla. Respecto a esto, sería clave un marco legislativo favorable, como la Ley de Economía Social, que está en tramitación, o la Ley de Contratos del Sector Público, a la hora de fijar cláusulas sociales y ambientales en las relaciones contractuales o una contratación pública responsable. Como casos prácticos, citó al Ayuntamiento de Barcelona, que reserva una parte de su contratación para entidades de economía social y solidaria; o iniciativas como Coop57, Fiare Banca Ética o EcoCredit, que están permitiendo que el ahorro ciudadano se canalice para dar crédito a este tipo de proyectos e iniciativas que priman un impacto social y ambiental por encima de una rentabilidad económica. Las cifras de la banca ética, con más de 2.000 millones euros de ahorro gestionado y préstamos por valor de 1.900 millones, invitan al optimismo.

En la segunda parte de su intervención, María Atienza señaló las barreras que entorpecen el avance de la economía solidaria. La primera es estructural, ya que este tipo de iniciativas están obligadas a competir en un mercado regido por el precio y la rentabilidad inmediata. La segunda tiene que ver con la financiación. Aunque existen las finanzas éticas, falta aún mucho capital dispuesto a aceptar un retorno social y ecológico en lugar de un beneficio rápido y meramente monetario. En este sentido, Atienza señaló la importancia de seguir fomentando instrumentos financieros éticos con políticas públicas. El tercer y último obstáculo señalado por la técnica del REAS tiene que ver con la cultura y la visibilidad. “Creemos que la economía solidaria se sigue viendo como una realidad más marginal, cuando vemos que está cubriendo y dando respuesta de manera sostenible y justa a necesidades esenciales”.

Finalmente, Atienza quiso dar visibilidad a muchas iniciativas de economía solidaria que no pasan por el mercado y que carecen de forma jurídica, pero que también son importantes para el tejido económico, como los bancos del tiempo, los grupos de crianza, las redes de consumo, etcétera. En este sentido, consideró fundamental la educación en este tipo de valores. “Hay que promover un aprendizaje cooperativo, introducir en el espacio formal y informal de la educación currículos educativos con competencias de economía solidaria y también una educación financiera y ética”.

Atienza concluyó admitiendo que, si bien “contamos con un marco avanzado y con experiencias muy valiosas” es necesario “seguir potenciándolos a través de las políticas públicas para que se produzca una verdadera transición”.

Javier Blanco Morales (Promotora del Común)

Estamos construyendo un modelo desde la sociedad civil, para el que no había normativa ni práctica ni conocimiento.

¿Qué barreras prácticas, de tipo legal, financiero o social, habéis encontrado para expandir la vivienda cooperativa y cómo las habéis superado en proyectos concretos? ¿Consideras que las políticas de vivienda son clave para hacer frente tanto a la crisis social como al caos climático en curso?

Desde su experiencia con Promotora del Común en la promoción inmobiliaria en forma de viviendas cooperativas en cesión de uso, Javier Blanco explicó que “lo que estamos intentando es construir un modelo que se ha creado desde la sociedad civil en España y que ha ido rompiendo todas las barreras porque ni había normativa, ni había práctica, ni había conocimiento. Absolutamente nada. Y se ha ido abriendo el camino con un crecimiento exponencial, de una realidad muy anecdótica a lo que está siendo ahora”. Para ilustrar este crecimiento, reiteró los datos aportados anteriormente por María Atienza: de las cien viviendas cooperativas en cesión de uso en España en 2020 a las dos mil de 2025. Para Blanco, esta es una de las alternativas para paliar la crisis de acceso a la vivienda que vivimos, pero “desde luego no es la solución”.

Más allá de la iniciativa civil y privada, Javier Blanco recordó la importancia de las políticas públicas, pero advirtió que es fundamental que ese dinero público invertido en vivienda no sea privatizado con el paso de los años tal y como ha ocurrido históricamente en el Estado español. “Planes de vivienda que han soltado millones y millones para construir viviendas protegidas que, finalmente, han terminado en manos particulares que las han puesto en el sector inmobiliario tradicional y en la especulación”.

En este sentido, Javier Blanco advirtió que el borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda está equiparando el cohousing a las viviendas cooperativas en cesión de uso, de manera que se van a dar fondos públicos y la misma promoción “a las entidades privadas y promotoras salvajes que hablan del cohousing, que a las viviendas cooperativas en cesión de uso que hablan de todo lo contrario”. Porque, en estas últimas, estamos hablando de un modelo de propiedad colectiva que impide la posibilidad de especulación. “Nadie que viva en una cooperativa de viviendas en cesión de uso va a poder comerciar con su vivienda, jamás”.

Por eso, desde Promotora del Común están trabajando para que la administración pública blinde el modelo cooperativo en cesión de uso que, para Blanco, aúna lo positivo de una vivienda en propiedad y lo positivo de una en régimen de alquiler, ya que a los usuarios de estos inmuebles nadie los va a poder desahuciar por intereses especulativos y van a disfrutar de ellos mientras quieran como si fuesen de su propiedad. Por el contrario, el cohousing está habitualmente promovido por inmobiliarias tradicionales que utilizan la fórmula del alquiler. Además, en una vivienda cooperativa en cesión de uso se produce un gran ahorro en el precio final, ya que sus promotores son los propios usuarios y cada uno va a pagar por ella lo que cuesta realmente, sin márgenes de beneficio ya que no hay ánimo de lucro. Además, este tipo de promociones cooperativas se rigen por otros principios como la autopromoción, la gestión democrática, la vida en comunidad y la responsabilidad con el entorno. Respecto de esto último, Blanco destacó la importancia de la colectividad en este tipo de viviendas cooperativas, donde se reaprende a ser solidarios y solidarias y a dar cuidados mutuos; y la preocupación por compaginar la vida diaria de la comunidad con la creación de grupos de consumo responsable o la apuesta por minimizar el impacto de la movilidad compartiendo vehículos. Ese compartir se ampliaría a todo tipo de herramientas, electrodomésticos y enseres que haya en las viviendas. Se trataría de una manera de democratizar la economía desde la colectividad, y no privatizarla desde el individualismo, con una clara voluntad decrecentista.

“Entendemos que la propiedad colectiva de las viviendas y de los espacios comunitarios aporta un elemento más que evita concentraciones de capitales y acumulación de riqueza en pocas manos”. Para Blanco, la democratización de la economía es fundamental, ya que las grandes acumulaciones de capital tienen tanto poder que pueden influir directamente en gobiernos elegidos democráticamente. “O somos capaces de que la ciudadanía tenga poder económico, o estamos haciendo poco”, denunció antes de calificar como una “apuesta estratégica” la democracia económica, algo en lo que numerosas voces presentes en la conferencia Más allá del crecimiento fueron insistiendo a lo largo de la jornada.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en viviendas cooperativas es la financiación. Si bien es cierto que las finanzas éticas están inyectando dinero en estos proyectos, se hace “con muchas dificultades y limitaciones”. En este campo, “es importante que las administraciones públicas se impliquen en estos procesos de financiación, pero el Plan Estatal de Viviendas va a soltar dinero para la construcción de viviendas privadas”. Ante este hecho, Blanco reclamó el desvío de ese dinero público hacia proyectos colectivos y que “no dediquemos ni un euro a ninguna promoción privada que vaya a hacer negocio con el dinero de todos”.

José Hernández Real (Confederación Frente Común Canarias)

La lucha no es una opción, es una obligación.

¿Qué medidas estáis proponiendo en Canarias para reducir la dependencia de un turismo de masas insostenible y que permitan imaginar y reconstruir al mismo tiempo una economía local, resiliente, realmente sostenible, en un marco de decrecimiento no solo turístico, sino también económico y energético?

Real comenzó su intervención ilustrando el impacto de la turistificación en la población de Canarias hablando de su oficio como profesor para el Gobierno Canario. “Veo a diario alumnos y alumnas que vienen sin desayunar, pibes de 16 años que viven al lado del Teide y nunca han ido a conocerlo porque sus familias viven esclavizadas en este sector turístico de masas que da beneficios a unos pocos y nos empobrece a todos los demás”.

Precisamente, contra la degradación de las vidas provocada por ese turismo de masas lucha José Real a través de la Confederación Frente Común Canarias, movimiento que está empezando a confluir con confederaciones de otros territorios. Real se centró en el caso canario explicando que “en nuestro archipiélago y en otros territorios insulares sufrimos de forma más acelerada y con mayor intensidad las consecuencias de un modelo fallido que precariza vertiginosamente las condiciones de vida, nuestros recursos y nuestros ecosistemas”. No en vano, el año pasado Canarias batió su propio récord acogiendo más de 18 millones de turistas. Sin embargo, señaló que es una de las regiones de la UE «con mayores índices de pobreza y de exclusión social. No podemos acceder a una vivienda digna, ni siquiera aceptar puestos de trabajo en otros lugares porque no podemos alquilar. Tenemos a profesionales durmiendo en coches. Y relacionado con el tema de la vivienda, en Canarias hay más casas vacías que gente sin casa”.

La solución que se ofrece a este problema es la construcción de vivienda social, ante lo cual “las constructoras se frotan las manos y seguimos destruyendo el territorio […]. ¿Estamos hablando de Decrecimiento o estamos hablando de seguir engordando el bolsillo del capitalismo?”

Sin embargo, el problema no se acaba ahí, “con una sanidad y una educación pública completamente desbordadas y con el 70% de las camareras de piso que se tienen que automedicar o medicar con prescripción médica para poder afrontar cada día trabajo en condiciones de esclavitud”. Real también denunció el recorte drástico en el banco de sangre público, al prescindirse de una gran parte de su personal, lo que provoca que se estén suspendiendo donaciones de sangre y cirugías. “Estamos jugando con vida”, sentenció. Otra imagen que ilustra esta degradación son los recortes en el agua destinada a agricultura para regar campos de golf y llenar piscinas cuando el 90% de los alimentos que se consumen en Canarias son importados. “El día que nos cierren los puertos y los aeropuertos, nos mataremos por el trocito de tierra que tenemos para comer, si es que podemos regarla”.

Frente a esto, José Real explicó las alternativas por las que se está luchando desde la Confederación Frente Común para cambiar a un modelo de vida decrecentista y anticapitalista que se afianza en valores ecofeministas y decoloniales. La Confederación Frente Común es una articulación entre sectores y territorios donde está representada la sociedad civil, los movimientos sociales, los sindicatos laborales y las comunidades científicas comprometidas con un nuevo modelo socioeconómico basado en la justicia socioambiental. “Es decir, poner en el centro las personas y el planeta”.

Entre las demandas concretas en las que trabaja Frente Común, Real citó la Renta Básica Universal, el decrecimiento turístico y, en general, pactos de Estado que busquen cambiar los modelos de sociedad, de ciudades, de transporte y, sobre todo, avanzar hacia democracias participativas con garantías. Las luchas sociales para avanzar en todo esto “han sido respaldadas masivamente en el archipiélago y ya han saltado a otros territorios nacionales e internacionales. Personas subiéndose a grúas, parando retroexcavadoras, incluso una huelga de hambre que seguimos seis personas para obtener tan solo el silencio por respuesta, y más privatización, más macroproyectos y más pobreza. Y, sobre todo, una represión brutal en todos los territorios donde intentamos mejorar las cosas”.

De cara a reforzar estas luchas, Real explicó que se construyó “una red confederal de resistencia intersectorial arraigada en los territorios y basada en sinergias de movilización, acumulación de fuerza social escalable y una capacidad de impacto sistémico”. Ya hay estructuras confederadas activas en Canarias, Asturias, Navarra y están comenzando a organizarse en Madrid y en el País Valencià “con métodos sociocráticos como principio operativo y con herramientas de presión diversas entre movilizaciones y huelgas laborales. Según la OIT, estas acciones conjuntas logran un 73% más adición de ciudadanía que las protestas aisladas”. En este sentido, Real abogó por unir diversas luchas como las que enfrentan la turistificación o las que defienden la sanidad, la educación, las pensiones o los derechos de las mujeres y de las personas migrantes.

Para finalizar, José Real recordó que “en Canarias vivimos en un territorio frágil y especialmente vulnerable, pero también lleno de resiliencia y de lucha. Y desde todas las regiones debemos unirnos, dejar al lado las diferencias y empezar a trabajar. La lucha no es una opción, es una obligación”.

Júlia Martí (Observatori del Deute en la Globalització)

Al movimiento ecologista y decrecentista le falta esta capacidad que tuvo el movimiento feminista de proyectar una vida deseable.

Desde la experiencia de las luchas ecofeministas y de los comunes de estos últimos años, sus avances y amenazas, ¿qué aprendizajes y prácticas encarnan ya el decrecimiento, poscrecimiento? y ¿cómo podrían generalizarse a través de la acción público-comunitaria?

Julia Martí centró su alocución en hablar de experiencias y aprendizajes feministas, citando los feminismos de clase, comunitarios, indígenas y decoloniales. Para la investigadora del ODG “las propuestas feministas no tienen que ser solo una nota más al pie de cada declaración, o una cuota en las propuestas decrecentistas, sino que los feminismos tienen que formar parte integral del Decrecimiento porque, al final, proponen una nueva forma de habitar el mundo que es clave también para pensar cómo vamos a caminar hacia este nuevo modelo”.

La primera idea en la que incidió estuvo relacionada con los trabajos de reproducción de la vida, que a pesar de que se supone que están subordinados a las lógicas del sistema capitalista, siempre mantienen un espacio de insubordinación a esas lógicas. “El capital no los puede llegar a dominar del todo, aunque sean trabajos precarios, en condiciones de una remuneración muy baja o hasta sin remuneración. Siempre hay un elemento en el que la vida se impone por encima de las lógicas del capital”. Martí animó a “aprovechar ese potencial de insubordinación de los trabajos que reproducen la vida, que cuidan la vida, los trabajos de subsistencia, para amplificarlos y para darles la centralidad que merecen” más allá de reivindicaciones como un salario de los cuidados, algo por lo que se debe luchar pero que no va resolver todas las contradicciones ni la crisis de la reproducción social que tenemos ahora mismo.

Y ¿cómo se le da esa centralidad a los trabajos de subsistencia? “Pues con muchos más servicios públicos, con más redes y espacios comunitarios que permitan desconfinar los trabajos reproductivos de los hogares, que nos permitan hacerlos con unas condiciones de mayor dignidad”. Además de repartir mejor esos trabajos, hay que revalorizarlos, sacar de la precarización a la gente que cuida, “que por el hecho de cuidar no tengamos unas vidas peores”.

Para conseguir esto, Martí dijo que son clave las alianzas no solo en el movimiento ecologista, sino también con los movimientos feministas, el movimiento queer o el movimiento antirracista. Abundando en esta idea, la investigadora del ODT citó luchas ejemplares que favorecieron alianzas, como la de la defensa del agua contra los grandes planes hidrológicos en Sainte Soline (Francia) por parte de organizaciones campesinas, feministas y ecologistas urbanas. Se trata de “luchas que ponen la defensa de la tierra, del territorio y de la vida encima de la mesa”. Otro ejemplo que citó fue el de Palestina, el de un pueblo que, a pesar de estar sufriendo un genocidio, resiste; y que acuñó en su cultura la palabra sumud para resignificar una resistencia que va más allá de una simple postura defensiva, sino que crean espacios que constituyen una ofensiva en sí mismos porque plantean otras formas de habitar el mundo.

Incidiendo en las alianzas, Martí dio especial importancia a la que se debería forjar entre los movimientos feministas y ecologistas para enriquecerse mutuamente, ya que “a las feministas nos faltó un poco la capacidad de desarrollar propuestas concretas de cómo materializar nuestras aspiraciones a otra vida; pero al movimiento ecologista y decrecentista le falta esta capacidad que tuvo el movimiento feminista de proyectar una vida deseable, una vida sin violencia, una vida sin que los cuidados nos precaricen”. Utilizando una metáfora de la activista mexicana Raquel Gutiérrez, en el Decrecimiento no solo debemos tirar del freno de emergencia: también necesitamos hacer posible y deseable vivir fuera del tren.

Martí finalizó apelando a la necesidad de generar conflictos que provoquen procesos de subjetivación, como el ciclo de huelgas feministas que propició que, de un día para otro, muchas mujeres que hasta entonces no se habían considerado feministas comenzaran a definirse como tal. Conflictos en los que se debata cómo queremos vivir y cuál es la vida a la que aspiramos.

Neus Casajuana (Revo Prosperidad Sostenible y Wellbeing Economy Alliance Iberia)

No existe ningún instrumento que otorgue a las generaciones futuras ningún derecho exigible ni que asegure que vayan a poder vivir en un planeta habitable.

¿Qué avances se han hecho en el terreno de las leyes de bienestar de las generaciones futuras en Balears y otros lugares y qué implicaciones prácticas tienen para la transición ecosocial hacia el decrecimiento? Y, por otro lado, ¿qué perspectivas hay de que se cumplan si ni siquiera somos capaces de garantizar el bienestar de las generaciones presentes?

Neus Casajuana arrancó redundando en la llamada a la acción realizada por Júlia Martí, focalizándola en el movimiento por las generaciones futuras porque apela “a todas las personas ya que, con suerte, todas van a tener hijos y nietos, y esto toca al corazón”. Esa apelación a las emociones es clave porque “lo que nos interesa a todos es que salgamos en masa y protestemos. Y tanto el feminismo como las generaciones futuras pretenden eso, que mucha gente salga porque le toca al corazón pensar cómo van a vivir sus hijos y sus nietos”.

Para Casajuana, este pensar en las generaciones futuras es fundamental porque “no existe en este momento ningún instrumento que otorgue a estas generaciones ningún derecho exigible y, por otro lado, tampoco hay ningún mecanismo que asegure que vayan a poder vivir en un planeta habitable”. La presidenta de RevoProsper achacó esta desidia al cortoplacismo de la política, que orienta sus esfuerzos a los resultados electorales cada pocos años y su refractariedad a adoptar medidas que suelen ser impopulares y chocan contra intereses muy poderosos. Ejemplificó esta parálisis política en la Unión Europea, que “quiere ser líder en cuestiones de cambio climático, pero cuando llega el momento de fijar un calendario y unos objetivos cuantificables, entonces empiezan a sufrir presiones y todos quieren que se retarde la aplicación de las medidas”.

“¿Cómo podemos hacer para que ciudadanos y gobiernos sean capaces de llevar adelante estas políticas necesarias?”, se preguntó Neus Casajuana. Su respuesta mostró tres vías posibles y complementarias:

1. En primer lugar, a través de la participación ciudadana. “Con la democracia que tenemos ahora, solo representativa, los ciudadanos son sujetos pasivos y, por tanto, no deciden nada ni asumen que hay medidas que son necesarias. Solo cuando los ciudadanos participan se comprometen con esas medidas”.
2. Una segunda propuesta sería la de evaluar los impactos a largo plazo de leyes, proyectos, planes, etcétera. Esto se podría hacer a través de la Ley sobre evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Pero, a pesar de estar aprobada desde 2022, no se está aplicando. Un ejemplo de aplicación de una ley semejante a esta lo tenemos en Gales, dónde bajo este amparo legislativo ser revisaron los planes nacionales de transporte llegando a paralizarse la construcción de autovías.
3. En tercer lugar, “necesitamos una institución independiente, legitimada, con prestigio, que sea capaz de, por un lado, representar a estas generaciones futuras; pero, además, capaz de hablar de tú a tú con los gobiernos, de pedirles cuentas”. En este caso, puso como ejemplo el Defensor del Pueblo y toda la repercusión y consecuencias sociales y políticas que tuvieron sus informes sobre la pederastia en la Iglesia. Aquí puso en valor la pionera figura a nivel internacional del Defensor de las Generaciones Futuras de Gales, figura creada hace ya una década.

Para concluir, Neus Casajuana señaló como una oportunidad la nueva Ley de Juventud, que se está elaborando en el Ministerio de Juventud e Infancia en la actualidad, basada en cuatro ejes: derechos económicos y cobertura social, derechos democráticos y participación política, salud mental y bienestar, y crisis ecosocial y derechos de las generaciones futuras. Precisamente, las tres propuestas de Casajuana —participación ciudadana, evaluación a largo plazo e institución defensora de las generaciones futuras— podrían ser una realidad si se integrasen en este nuevo corpus legislativo.

Margarita Guerrero, directora del Instituto de la Juventud

Tenemos que hablar de universalidad de derechos porque, si no, vamos a caer en lo que ahora mismo pretenden los sectores reaccionarios, que es la guerra entre los pobres.

La encargada de clausurar la mañana fue la directora del Injuve, Margarita Guerrero, que tomó el relevo que le dejó Neus Casajuana al hablar de la Ley de Juventud, de la que dijo que la sección que trata la defensa de las generaciones futuras “ha sido trabajada por jóvenes activistas climáticas, que son las que han redactado esta parte de la ley que ya está entrando en la fase final”.

Guerrero remarcó la importancia de combinar, por un lado, la movilización y organización popular en la calle con, por otro lado, los avances desde las instituciones. Puso como ejemplo las manifestaciones y acciones para denunciar el genocidio en Palestina, y cómo la fuerza de las protestas cívicas ha provocado movimientos y avances institucionales. “Y estoy muy, pero muy segura, de que nada de eso habría sido posible sin la constante de la movilización social”.

La directora del Injuve trasladó esta idea a la agenda del Decrecimiento, avisando de que “para llevar a cabo toda esta hoja de ruta que nos planteáis, necesitamos sumar a muchísima más gente”. Desde este punto de vista, Guerrero señaló que “una de las tareas más inmediatas que tenemos es poder sumar a más capas populares, que están siendo las más afectadas por toda esta policrisis […] poder traducir también lo que significa todo esto a sus demandas concretas”.

Una propuesta no exenta de dificultades, sin embargo. “Las personas trabajadoras que se dejan dos o tres horas al día para desplazarse a sus lugares de trabajo, a trabajos precarios, que evidentemente vuelven exhaustas a sus casas, ¿qué tiempo les queda para la organización? ¿Qué tiempo les queda para poder transformar?” Para conseguir llegar a estas personas, Guerrero señaló la conveniencia de forjar alianzas con el asociacionismo vecinal, de traducir la agenda decrecentista a demandas que la gente del común haga suyas “porque a esas personas a lo mejor no les llegamos con la hoja de ruta decrecentista, pero sí con una mejora en el transporte público, sí con otros elementos que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral o con disponer de tiempo para la vida”. Porque, al final, son esas personas trabajadoras “las que ponen el cuerpo para mantener un sistema que es perverso y cruel. Y el coste, en última instancia, es la vida, porque se dejan muchas vidas por el camino con el impacto de la crisis climática y la policrisis en sus distintas dimensiones”.

Guerrero valoró también como necesario el diálogo intergeneracional, el tejido de redes de solidaridad y la apertura de los espacios de debate a las personas y colectivos que tradicionalmente están en los márgenes.

La directora general agradeció la hoja de ruta que se puso sobre la mesa durante la conferencia, “con propuestas y políticas muy claras que ya se están peleando”, y destacó como “imprescindible” la Prestación Universal de Crianza. “Tenemos que hablar de universalidad de derechos porque, si no, vamos a caer en lo que ahora mismo pretenden los sectores reaccionarios, que es la guerra entre los pobres. Y nosotros lo que queremos son derechos para todas las personas”.

Finalmente, conminó a conectar y visibilizar mejor todas las propuestas e iniciativas decrecentistas que se están llevando a cabo en muchos lugares para substituir el relato catastrofista que predomina, que solo provoca desmovilización y descontento, por otro que muestre lo mucho que ya se está haciendo en positivo. “Hay mucho interés en que no se sepa lo que está pasando, porque cuando se sepa mucha más gente se va a querer adherir y la capacidad de transformación va a ser mucho mayor. Y no hay manera de detener este proceso porque es la única manera que tenemos de salvarnos todos y de salvar a la Humanidad”.

Notas

[1] Manuel Casal Lodeiro tuvo que recortar su intervención para poder adaptarla al tiempo que tenía asignado en el panel, pero se puede acceder a la versión completa en su blog.

[2] Pilar Galindo nos explica en comunicación con la revista que «desde la presentación en la Conferencia y recogiendo las observaciones de la Vía Campesina en su Declaración para el Día Mundial de la Alimentación, hemos variado nuestra expresión ‘sacar la alimentación de la Organización Mundial del Comercio’ por una herramienta realmente más efectiva, que es ‘crear un marco alternativo en la OMC que garantice la Soberanía Alimentaria y los derechos individuales y colectivos contenidos, tanto en la Declaración de NN. UU. sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, como en la Declaración de las NN. UU. para los Derechos de los Pueblos Indígenas’. Así lo vamos a recoger en el Manifiesto por el Día Mundial de la Alimentación Agroecológica que, cada año, lanzamos desde la Garbancita Ecológica, cooperativa de la que soy fundadora y actual presidenta y que difundimos para que sea suscrita por otros colectivos.»

[Actualización 2025-10-12: Se elimina la referencia a la «Constitución Europea» de la intervención de Pilar Galindo, pues nos aclara ella que se refería a la española, y también por solicitud suya añadimos la nota 2.]