Tiene que haber una salida. Políticas y posibilidades en la pancrisis (una perspectiva desde el Reino Unido)

(Traducción de Manuel Casal Lodeiro revisada por el autor.)

En julio el impacto de la pandemia de COVID-19 parecía estar menguando en Gran Bretaña. Un grupo de parlamentarios de los diversos partidos, encabezado por la única representante del Partido Verde, Caroline Lucas, envió una carta al Canciller de la Hacienda (cargo similar al de un ministro de finanzas, a menudo denominado en inglés, de manera abreviada, Chancellor), en la que le proponían una «recuperación pos-crecimiento». La carta incluía una serie de sugerencias que son propuestas políticas comunes de la Economía Ecológica, habituales en las redes a favor del poscrecimiento, el decrecimiento o la economía homeostática (steady state economy). En resumen, lo que estos miembros del parlamento británico argumentaban era que una recuperación verde tenía que priorizar el bienestar sobre el crecimiento económico. Mostraban su satisfacción por el enorme gasto ya realizado por el Chancellor en apoyo de individuos y negocios en el momento en que la economía estaba en su mayor parte paralizada en el segundo trimestre de 2020, afirmando que ello demostraba que era posible priorizar el bienestar sobre el resultado económico. También señalaron el fenómeno del prolongado estancamiento económico: que la tendencia en el grado de crecimiento del PIB en numerosas economías avanzadas ha ido a menos desde bastante antes de la gran crisis financiera de 2008. Así, defienden una reorientación que aleje la política económica de la persecución del crecimiento, y la dirija a lo que denominan la economía del bienestar.

Este grupo de parlamentarios que escribió la carta es el Grupo Interpartidista sobre los Límites al Crecimiento (siglas en inglés: APPG)^[1]. Cuenta con el apoyo del Centro para la Comprensión de la Prosperidad Sostenible (CUSP), con base en la Universidad de Sussex. El principal defensor de la «prosperidad sin crecimiento», Tim Jackson, es director del CUSP y asesor de esta comisión informal parlamentaria. El enfoque del grupo es, claramente, la imposibilidad de un crecimiento continuado, en base por ejemplo a la revisión de Jackson sobre el trabajo de Meadows et al. en los años 70 en Los límites del crecimiento, el cual modeló de manera acertada la trayectoria más probable del sistema mundial bajo el business-as-usual, poniendo el énfasis en los shocks de recursos y energía a partir de los costes de extracción crecientes^[2].

Como grupo compuesto por miembros de diversos partidos, esta especie de comisión oficiosa tiene que presentar sus argumentos de manera que apele a aquellos que aún actúan dentro de la ideología y presupuestos del paradigma dominante, puedan estar abiertos a explorar sus límites y alternativas. Sin embargo, parece legítimo preguntarse si el paquete de propuestas realizadas por este APPG es adecuado a las crisis combinadas de tipo económico, social, de recursos y ecológica que nos asedian. A partir de ese cuestionamiento, tomaré una perspectiva más amplia sobre las principales respuestas políticas, no sólo ante la COVID-19 sino ante la conjunción de múltiples crisis que vive el mundo. Una manera de hacer esto sería examinar críticamente cada una de las propuestas realizadas por el grupo al Chancellor:

la adopción de nuevos indicadores del bienestar social que reemplacen la inadecuada dependencia del PIB como medida de progreso social;

Los indicadores alternativos podrían ser útiles a la hora de identificar áreas donde situar el énfasis de las políticas públicas y determinar cuáles necesitan reforma e intervención. Sin embargo, ya existe una diversidad de indicadores del bienestar social y comunitario a disposición del gobierno. Básicamente, no es la medición del resultado económico y social lo que conduce a la expansión material incesante de la producción y del consumo. El PIB es un constructo social, una abstracción artificial que ejerce una fuerza material al definir la expansión como una prioridad. Pero, en sí mismo, no es lo que provoca su propia expansión: para comprender qué es lo que la provoca tenemos que buscar en otro lado.

el compromiso de unirse al proyecto común de los Gobiernos por una Economía del Bienestar (WEGo);

Esto podría tener un limitado efecto beneficioso al suponer una expresión ideológica y política de intenciones, y al facilitar la compartición de buenas prácticas con otros Estados que están tratando de reorientar sus economías hacia una agenda del bienestar. Pero, una vez más, no aborda el núcleo del problema.

la completa integración de indicadores del bienestar en los procesos de decisión gubernamental tanto a nivel central como local, y en particular en el Libro Verde del Tesoro [N. del T.: Guía con recomendaciones de la Hacienda británica a la hora de definir proyectos del gobierno]; y

el desarrollo de un Presupuesto para el Bienestar que ajuste el gasto público a las necesidades de una Economía del Bienestar sostenible e inclusiva;

Esto sería de utilidad a la hora de guiar el gasto y la política públicos hacia una diversidad de esferas orientadas a conseguir el bienestar de la comunidad. No obstante, no está claro hasta qué punto esto contribuiría a una trasformación real. Nuevamente, como después argumentaré, no residen aquí los determinantes clave de la destrucción de las comunidades y de los ecosistemas. La propuesta es más un mecanismo para mitigar algunos de esos daños que un medio para ponerles fin.

el establecimiento de una investigación formal para encontrar los medios en que sea posible reducir la dependencia del crecimiento que tiene la economía británica;

Esta propuesta podría ser interesante en la medida en que sacaría al debate público los múltiples análisis y argumentos que existen acerca de la naturaleza del crecimiento y de su búsqueda. Aun así, su impacto dependería enormemente de la composición del equipo investigador, de la evidencia que este revisase y del modo en que al final fuese recibido por el gobierno e incorporado a su actuación. El último gobierno laborista encargó un informe a su Comité para el Desarrollo Sostenible acerca de la «Prosperidad sin crecimiento». El informe fue elaborado por el economista ecológico Tim Jackson en 2009. Más tarde sería ampliado y daría pie a su influyente libro así titulado, actualmente disponible en una segunda edición actualizada (Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow, 2017). En el prólogo (pp. XXVI-XXIX) a dicha edición, Jackson describe cómo fue recibido dicho informe, justo en el momento en que el gobierno británico estaba acogiendo un encuentro del G20 acerca de la restauración y promoción del crecimiento del PIB. El propio Primer Ministro, Gordon Brown, se mostró irritadísimo; el informe fue arrinconado y el Comité que lo había encargado fue eliminado por el siguiente gobierno, conservador, en 2010. No parece que fuera el mejor momento ni que fuera muy factible que un gobierno que estaba intentando explícitamente darle un reimpulso al crecimiento le hubiese prestado atención a un informe semejante. ¿Por qué razón deberíamos esperar ahora que una nueva investigación y consiguiente informe fuesen a tener un destino diferente?

el compromiso de explorar vías y mecanismos para aumentar la capacidad del Gobierno de financiar la inversión social por medio del déficit o de la creación de dinero;

Esta idea es básicamente poskeynesiana: que el gobierno posee amplio margen para, o bien conseguir dinero prestado o bien imprimirlo, para financiar las áreas de gasto que necesite. Hay debates encendidos acerca de qué mecanismos utilizar: simplificando, las opciones se sitúan entre la emisión de deuda pública (bonos), la creación de dinero —bien por parte del Tesoro o del Banco Central— y la obtención de ingresos por medio de los impuestos. Pero hay un par de problemas en esto. En primer lugar, una expansión del gasto masiva, incluso en una economía verde, coloca dinero en manos de la ciudadanía. Y en qué lo gaste esta ya no está bajo el control del gobierno: en un sistema político-económico que sigue siendo sustancialmente el mismo, esto es probable que incluya bienes con un alto coste energético. En términos keynesianos, el multiplicador no es selectivo: no se preocupa por el clima. Solamente en el caso de que este tipo de medidas se acompañasen por límites al uso de energías y materiales en declive, o similares, y una fiscalidad progresiva pero orientada a la reducción del carbono y de otras materias, cabría alguna esperanza de evitar este problema. En segundo lugar, mientras que el gobierno tiene un espacio fiscal potencialmente amplio, es decir, flexibilidad para gastar sin tener que inmediatamente recuperar el dinero, al final no le queda más remedio que hacerlo. Poner esto en duda es confundir dinero con valor. Y ese requisito de obtener un valor de cambio mayor a partir de la economía es un potencial impulsor de la expansión material, que es lo que constituye —hablando en sentido amplio— el crecimiento del PIB. De hecho, buena parte de esa captura de valor tiene una dimensión internacional, por medio de la cual la fuerza de trabajo en las áreas y fábricas del Sur global se paga a precios locales mientras que a los productos se les saca el beneficio vendiéndolos en el Norte global, a los precios vigentes allí: una captura de valor masiva a escala mundial y una fuerza que impulsa la continuada explotación del trabajo y del medio ambiente a igual escala.

el desarrollo urgente de una estrategia cautelar poscrecimiento para el Reino Unido.

Esta propuesta ya se acerca al meollo del problema. Consagrar el principio de precaución en la estrategia del gobierno no podría llegar demasiado pronto dadas las múltiples amenazas al bienestar humano y ecológico. Podría ir más allá de las meras recomendaciones para cambiar la manera en que se miden las cosas, o para incrementar el gasto en ciertas áreas. Podría, así, ofrecer todo un marco estratégico para reorientarnos hacia una economía y una sociedad viables. Sin embargo, esto implicaría la neutralización de los grupos de interés que dependen de la continuidad de la expansión económica, tanto en su vertiente material como financiera. Es decir, poner en cuestión la esencia misma del capitalismo. Así que, una vez más, aunque tengo mis esperanzas de que podría ayudar a trasformar el paradigma dominante, en el plano intelectual soy pesimista.

Tiene que haber una salida

Lo explicado hasta aquí constituye un ejemplo de intervención política bienintencionada, que es un microcosmos en la coyuntura actual. Una pandemia mundial que es, en sí misma, el resultado del modo capitalista de acumulación en expansión continua, requiere una priorización de la salud y del bienestar. Esto conduce a una enorme reducción de la actividad económica, que se manifiesta con crudeza en la ocupación y en el gasto, amenazando los modos de vida y el bienestar de amplias capas de la población. La mala gestión de los gobiernos que han estado desinvirtiendo en sanidad pública y servicios sociales, priorizando la acumulación privada de capital y saltándose el principio de precaución, ha exacerbado esta crisis. Esta crisis en el nexo salud-economía-bienestar está situada dentro de una serie de crisis más amplias y profundas en los sistemas planetario y ecológico. Es, en efecto, una pancrisis, que incluye:

1. Contaminación por carbono: calentamiento global.
2. Intrusión en los ecosistemas y convolución de borde^[3]: reducción de la biodiversidad.
3. Agotamiento de los recursos y techos de extracción que conducen a la reducción de la rentabilidad y a la expansión de las fronteras de extracción.
4. Y contradicciones internas del capitalismo: estancamiento duradero y crisis financieras.

Estas crisis más amplias no tienen una salida satisfactoria dentro de los términos de referencia del actual sistema-mundo capitalista.

Existen tres respuestas principales a esta coyuntura, o al menos la variedad de respuestas que se están tomando e imponiendo pueden analizar en términos de estos tres tipos ideales, aunque resulta inevitable que en la realidad se dé una variedad de formas híbridas.

El primer tipo consiste en una intensificación de lo que suele denominar el modelo capitalista neoliberal, es decir, una continuación del business-as-usual. Así, cuando el gobierno británico de derechas se enfrenta a la necesidad de realizar tests de coronavirus y de rastrear los contactos de las personas infectadas, su respuesta es otorgar enormes contratos a grandes subcontratas como Serco, en lugar de asignar el dinero a unos equipos de sanidad pública dependientes de los gobiernos locales que conocen a sus comunidades y entienden de epidemiología. Cuando se enfrenta a una crisis de la vivienda, al resultado de la especulación sobre el suelo, a la inversión interna en el parque de vivienda existente por parte de un capital volátil, y a las oleadas previas de privatización de vivienda pública, lo que hace es proponer una reducción aun mayor del ya débil escrutinio democrático sobre las decisiones de planificación, lo que lleva a nuevos ciclos de desarrollo especulativo y de concentración de capital en suelo y viviendas. A nivel internacional este tipo de pensamiento se manifiesta en la aplicación de los modelos de mercado a la reducción de las emisiones de carbono y a los bosques, lo que en ambos casos tiene el efecto opuesto, al permitir a quienes contaminan seguir haciéndolo y convirtiendo ecosistemas silvestres y tierras comunales en mercancías. En su versión más extrema, podemos apreciar esta orientación en el actual gobierno ultraderechista de Brasil que responde al colapso en los precios mundiales de las materias primas permitiendo una mayor conversión de tierras silvestres en tierras agroganaderas, con consecuencias desastrosas para el clima mundial, para la biodiversidad y para los pueblos que viven y dependen de esas selvas.

El segundo tipo implica una vuelta al enfoque keynesiano y socialdemócrata de mitigación de las tendencias del capitalismo sin ponerlo en cuestión en lo fundamental. Esto está ejemplificado en la actualidad en las diversas propuestas bajo la denominación Green New Deal, que proponen utilizar la inversión pública para estimular ciertos sectores y, de esa manera, restaurar el proceso de creación de valor y, por consiguiente, los beneficios de las familias, empresas y del propio gobierno. También son similares las propuestas neokeynesianas para responder a la crisis de la COVID utilizando los poderes del gobierno para obtener crédito y diferir indefinidamente su pago, o para crear dinero fiat, y así reestimular la actividad económica. Estas intervenciones podrían tener éxito, en sus propios términos, a corto plazo. Pero están condenadas a ser un fracaso a largo plazo dentro de un sistema capitalista que ha descarrilado a causa de su continua expansión hacia nuevos mercados, nuevas fuentes de recursos y nuevas reservas de fuerza de trabajo no explotadas hasta el momento, mientras se enfrenta a contradicciones que se manifiestan en el prolongado declive de rentabilidad, en la sobreproducción y el infraconsumo, así como los shocks producidos en sus cadenas de suministro por los costes de extracción en alza inexorable y por otra serie inevitable de shocks de carácter ecológico y geopolítico. Y, lo que es más, este modelo que no es ni siquiera capaz de reconocer como problema la crisis del incesante crecimiento de la extracción-producción-consumo-contaminación, no tiene respuesta a la posibilidad muy probable de que sus recetas de política pública intensifiquen este proceso en lugar de mitigarlo.

Eso nos deja una tercera opción, que sería la de la frugalidad igualitaria, entendida de maneras diversas bajo denominaciones como La Vía de la Simplicidad, el Decrecimiento o el Posdesarrollo. Esta es la menos popular de las soluciones-tipo pero la única que es proporcionada tanto a la escala como a la naturaleza del problema. Tiende a ser ambigua, o a mostrarse bastante dividida, en función de la orientación de sus proponentes con respecto al sistema capitalista dominante, con algunas voces que siguen pensando que es posible un sistema capitalista benigno (confundiendo por lo general la existencia de la empresa privada en un mercado de intercambio con el capitalismo como un sistema de acumulación expansiva sin fin del capital que descansa sobre la expropiación y la explotación). Desde un punto de vista más pragmático, adolece de estar relativamente poco desarrollada, de manera más obvia, de no tener un paquete de política comprensible que ofrecer al debate público. Sin embargo, existen algunos indicios de la evolución de estas ideas, que fueron en su día completamente marginales, y que ahora comienzan a introducirse en el debate mainstream e incluso haciendo su aparición, aún en forma híbrida, en recetas de política pública e incluso en algunas iniciativas gubernamentales. Aún sigue siendo dudoso que pueden lograr a tiempo algo semejante al nivel de aceptación popular —no digamos ya de las élites— que sería necesario para evitar el escenario de pesadilla de un colapso simultáneo de los diversos sistemas ecológicos, planetarios y de abastecimiento de las necesidades humanas. Con todo, debemos continuar actuando como si esto fuese posible. Debemos continuar con nuestra labor, por dura que esta sea, en busca de un cambio completo de las prioridades políticas y económicas, e incluso un cambio de sistema hacia uno diferente de producción necesaria pero frugal para satisfacer las necesidades humanas y no ir más allá, conjuntamente con una reafirmación de los goces de un modo de vivir como comunidades, más sencillo, más lento y cooperativo.

Volviendo al grupo parlamentario sobre los límites del crecimiento, y a la política práctica, la tarea debe consistir en promover políticas de corto plazo que puedan convertirse en leyes y decretos que nos conduzcan a un futuro poscrecimiento. Estas políticas tienen que ser transformadoras en sus efectos, tienen que poner en marcha un conjunto de cambios institucionales, ideológicos y materiales. Es difícil identificar cuáles son las mejores opciones para poner en marcha un proceso así, dado que existen numerosas dimensiones de incertidumbre, y sólo un loco se atrevería a predecir el futuro. Aun así, conceptos como el efecto dominó, los cambios de efecto a largo plazo, los análisis de las partes interesadas, las reformas no reformistas, las demandas transicionales y los puntos de apalancamiento, pueden todos ellos ayudar a despejar el terreno para la acción. Desde Steady-State Manchester hemos elaborado una lista de potenciales innovaciones políticas, clasificadas por nivel de gobierno, y yo mismo he publicado un artículo sobre cómo pensar de una manera trasformadora sobre la crisis inmediata de la COVID-19.

Notas

[1] N. del T.: Similares a las comisiones parlamentarias, aunque con un carácter menos oficial, los All-Party Parliamentary Groups (APPG) son grupos temáticos de carácter permanente, reconocidos oficialmente por la institución y renovados cada vez que se renueva electoralmente el Parlamento británico, formados por miembros de todos los partidos con representación y por miembros de la Cámara de los Lores. No deben ser confundidos con los grupos parlamentarios formados por todos los miembros de un mismo partido. El APPG acerca de los límites del crecimiento fue creado en 2015 y tiene como misión crear un espacio para el diálogo entre todos los partidos acerca de los riesgos económicos derivados de los límites sociales y medioambientales. Actualmente está presidido por la representante del Green Party, con vicepresidencias de los conservadores, laboristas, nacionalistas escoceses y liberales.

[2] N. del T.: En 2016 el informe fue traducido al gallego por Ramom Flores d’as Seixas y entregado a los diversos grupos que formaban por aquel entonces el Parlamento de Galicia.

[3] N. del T.: El autor utiliza el término edge-convolution como una manera concisa de referirse al incremento del borde ecológico entre los ecosistemas silvestres y los dominados por el ser humano. Este incremento, junto con la agricultura industrial, es la fuente de las nuevas zoonosis. Vid. Wallace, R. (2020): Dead epidemiologists: On the origins of covid-19, Monthly Review Press.