Fiscalidad de transición hacia un nuevo modelo social

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2017-04-19

El mercado laboral actual se encuentra en una difícil posición ante un sinsentido, la apuesta occidental por una economía cada vez más automatizada a pesar de la imposibilidad de mantener esta dinámica en el futuro, parece indudable que es necesario asentar las bases de un nuevo modelo social adaptado a la inequívoca necesidad de afrontar el agotamiento de recursos que le estamos provocando al planeta.

No cabe duda de que el ser humano no debe apartarse del conocimiento científico y técnico, pero tampoco se debe olvidar que la otra gran encrucijada que tendremos que asumir es la imposibilidad del crecimiento perpetuo de nuestro modelo de sociedad y el inevitable colapso del actual sistema de producción, distribución y consumo, por lo que este conocimiento debe estar enfocado a la búsqueda de la satisfacción de necesidades compatibles con un modelo social con una filosofía decrecentista.

Por ello, y sin dejar de contar con los beneficios de contar con la acumulación de conocimientos científicos, la humanidad no debe rendirse ante una visión estereotipada del progreso humano que lo confunde con el consumo, haciendo un uso sensato de los avances tecnológicos que ayuden a poner en marcha sociedades más austeras. La humanidad debe tener en cuenta el coste ambiental y humano a la hora de asentar las bases de un nuevo modelo de producción, distribución y consumo descentralizado que sustituya al actual; debe tener mesura a la hora de discernir que procesos se deben llevar a cabo de forma manual y en qué medida le debemos dar protagonismo a las máquinas; preguntarse hasta qué punto puede ser eficiente y beneficioso un determinado consumo de energía y materiales para la realización de cada tarea concreta.

Teniendo en cuenta que el trabajo humano, per se, en contraposición al trabajo artificial, no necesita de fuentes materiales y energéticas más allá del sustento de la propia persona y que deja por tanto una huella ecológica mucho menor, parece sensato afirmar que debemos tratar de priorizar el trabajo humano y relegar el trabajo artificial a todas aquellas tareas que el humano no pueda realizar o aquellas en las que sus beneficios sean claramente mayores que las de sus costes.

Esta reflexión nos lleva hacia la idea de un nuevo modelo fiscal, un modelo que sirva al menos de transición hacia un sistema económico diferente, en el que no sea el trabajo humano si no el consumo de energía y materiales y la transformación de los ecosistemas lo que este tasado. Aportando de esta manera soluciones a los dos mayores problemas a los que nuestra generación se enfrenta a corto plazo, el laboral y el ecológico. Actualmente no se apuesta claramente por unas medidas que pongan en una situación de igual competencia a los productores y distribuidores que lleven a cabo en su actividad económica procesos que respetan el medioambiente y prioricen el trabajo humano, esta idea se afianza si tenemos en cuenta los costes superiores que suponen en muchos campos adaptar los sistemas de producción para reducir su alteración sobre el medio y la superioridad de las tecnologías consolidadas, lo que provoca un precio de mercado superior a los de la competencia ya que no se ha tenido en cuenta el coste ambiental de la actividad de los mismos.

Si asumimos la legitimidad de la implantación de este tipo de fiscalidad, se podría argumentar que vivimos una situación que atenta contra la propia libre-competencia de las actividades económicas más sostenibles por no tenerse en cuenta la degradación medioambiental y otras externalidades de la acción de sus competidores, desde esta perspectiva es posible defender el expolio ecosistémico y de recursos como un bien economizable.

Autores ecosocialistas como Theon Durning defienden desde ya hace décadas afirmaciones como que “los gobiernos deberían replantearse sus estrategias en la política fiscal y las subvenciones, ya que los gobiernos están aplicando reducciones fiscales y otorgando ayudas a empresas que no promulgan con los principios del consumo responsable. Nunca se tiene en cuenta el coste ambiental de las actividades económicas, sino que solo se atiende a sus resultados meramente económicos. Cabe aclarar por otra parte que los pobres del mundo no ganan con nuestro consumo desorbitado, son unas pequeñas élites impuestas por occidente las que se enriquecen a través de la permisión a los países ricos de esquilmar los recursos naturales de la zona”.

El otorgamiento de un valor monetario a las externalidades medioambientales que permita gravar los procesos que las provocan sería uno de los pasos más necesarios para activar una verdadera política que proteja el medio ambiente y mejore su calidad. Este tipo de medidas evitarían un consumo ineficiente, insostenible y desmesurado de energía y materiales, aumentando a su vez la disponibilidad de puestos de trabajo en el mercado laboral y resolviendo también la falta de recursos para sostener los sistemas de pensiones.

El propio Informe sobre las ciudades europeas sostenibles del grupo de expertos en medioambiente urbano por encargo de la Comisión Europea ha reconocido en 1996 que “resulta cada vez más evidente que el mercado único (tal y como funciona actualmente) supone una amenaza para la sostenibilidad, y que en particular, no se presta la debida atención a las repercusiones ambientales de la creciente circulación de mercancías y personas ni a sus efectos negativos sobre las economías locales y, en general, sobre el estilo local de vida”. Esto se debe a la falta de instrumentos correctores que tengan en cuenta las externalidades de la libre competencia económica y a la falta del abordaje de un debate serio en torno a la prioridad de la sostenibilidad ecológica y social sobre el libremercado, para lo que sería necesaria una clara intervención de los estados que priorice aquellas actividades económicas con un menor expolio ecosistémico y que consigan una mayor cohesión social y distribución de la riqueza.

Medidas en esta dirección supondrían además otros importantes beneficios sociales, poniendo cortapisas a la lejanía entre el consumidor y el lugar de origen de los productos que consumen, que, a pesar de poder provocar cierto ahorro económico para el ciudadano, inciden en el consumo de materiales y energía, y en el aumento del coste ecológico del desplazamiento de dichos productos; lo se traduce en una generación mayor de residuos en las ciudades y en un empeoramiento de la calidad ambiental de los entornos rural y urbano, en la perdida de vínculo entre estas dos realidades y en el abandono y despoblación de las segundas.

Una reforma fiscal como la propuesta ayudaría a la consolidación de otros canales de distribución y comercialización más cortos y sostenibles, que incidirían de forma positiva en el medioambiente, permitiendo además el asentamiento de la población y un aprovechamiento más eficiente de los recursos locales de cada región, permitiendo también una reactivación justa de la economía a través de la redistribución fiscal y generación de empleo útil en unas sociedades muchos más descentralizadas.

COPYRIGHT Stuart McMillen 2010

© Stuart McMillen, 2010. Reproducido con permiso, de su comic ‘Green Tax Shift’ http://greentaxshift.com

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Ricardo Súarez García

Después de haber estudiado sociología y relaciones internacionales, doctorando en Historia Ambiental en la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente, centrado en el estudio de los montes comunales gallegos, pero interesado en la ecología política en general.

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