Publicado: 14/01/30
Autor: Rodrigo Osorio
Idioma: ES
El expolio de la propiedad intelectual
«Desde 2019 nos mantenemos firmes en la lucha contra la II batería de medidas promovida por la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)» –quien así habla es Marina Fernández, portavoz de la Asamblea local de Sariñena – «Casi todas las comunidades, comarcas y estados apoyaron nuestra lucha. En la situación actual es imprescindible mantener en manos de tod@s el saber popular y la propiedad de los medios necesarios para nuestra supervivencia. Solo la resistencia conjunta de tod@s mantiene paralizadas las reformas en la Cortes a pesar de las presiones de la Organización Mundial del Comercio y las grandes corporaciones».
De entre los muchos frentes abiertos en estos tiempos de cambio la defensa de la titularidad colectiva de la propiedad industrial tiene para muchas personas una importancia fundamental: «Los proyectos de reforma pretenden expoliar la sabiduría popular para dejarla en manos de las grandes corporaciones. Nadie, sin el dinero que las empresas quieran cobrarles, podrá usar de nuevo cualquier apero, técnica o procedimiento que esté patentado», afirma Fernández. «En nuestro caso» –explica Luisa del Río, coordinadora del Laboratorio Cooperativo de Albarracín– «la implantación de esas normas nos llevará a la clandestinidad. Con el aumento del plazo de protección de las patentes de las medicinas, y la presumible extensión de la propiedad industrial a los principios activos previamente desarrollados, ya no podremos fabricar medicamentos ni tampoco investigar para elaborar otros nuevos». «No es imposible la existencia de los bancos de semillas bajo las normas de la ATCI» -asegura Manuel Caamaño uno de los gestores del Banco de Semillas del Campo de Daroca- «en otros estados siguen manteniendo la actividad a pesar de las continuas sanciones de los organismos internacionales a los gobiernos. Pero urge abandonar la ATCI para acabar con el feudalismo de las grandes corporaciones.»
Ya desde los primeros pasos de la ATCI muchos grupos se movilizaron para impedir su implantación. Aquellas luchas no tuvieron éxito y en 2015 la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EUA) firmaron el tratado que implantó la ATCI, el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión, conocido por sus siglas en inglés: TTIP. Su preámbulo era claro en la defensa del mercado libre:
«La comisión de la Unión Europea (UE) y el gobierno de los Estados Unidos de América (Estados Unidos), decididos a:
»REAFIRMAR las especiales relaciones de amistad y cooperación entre sus naciones;
»CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar la cooperación internacional;
»CREAR un mercado más extenso y seguro para los bienes y servicios producidos en sus territorios;
»REDUCIR las distorsiones en el comercio;
»ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial;
»GARANTIZAR un marco comercial previsible para planear las actividades productivas y de inversión;
»DESARROLLAR los derechos y deberes derivados del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y los otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación;
»SUMINISTRAR la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;
»ALENTAR la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por los derechos de propiedad intelectual;
»CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en los territorios de la UE y los Estados Unidos;
»EMPRENDER todo lo antedicho de manera congruente con la protección y la conservación del ambiente;
»PRESERVAR su capacidad para proteger el bienestar público;
»PROMOVER el desarrollo sostenible;
»REFORZAR la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental; y
»PROTEGER, suministrar y hacer efectivo los derechos fundamentales de los trabajadores
ACORDARON:»
El derecho de patente como objetivo de las corporaciones
Las reformas legislativas comenzaron en muchos estados de la UE y los EUA para alcanzar los fines del tratado y las aspiraciones de la ATCI. En 2018 la Comisión Rectora de la ATCI aprobó la II batería de medidas para aplicación del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión. En este documento, que fue filtrado anticipadamente a través de algunos medios de comunicación, la ATCI establecía como uno de sus objetivos para el lustro 2019-2023 la homogeneización de las normas de los derechos de propiedad intelectual, especialmente las que regulan los derechos de patente. De acuerdo con la Comisión Rectora «las diferencias entre las normas de los estados suponen uno de los más evidentes obstáculos para la consecución de los objetivos del preámbulo del Tratado constitutivo de la ATCI, especialmente el de promover la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual».
El año siguiente el Parlamento Europeo aprobaba, por el procedimiento de urgencia, la Directriz 2019/143/UE, del Parlamento Europeo para la armonización de las normas de propiedad intelectual de los estados miembros. «[Esta norma] acoge todas las exigencias en la materia del Acuerdo Trasatlántico(…)» -escribió Martina Oreiro, catedrática de derecho mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela en el número -10½ de nuestra revista «(…) y supone una reforma sin precedentes en el sistema de protección de la propiedad industrial.»
El artículo 25 de la directriz daba a los estados miembros hasta el 24 de abril de 2024 para llevar a sus legislaciones las reformas en materia de propiedad industrial que afectaban, esencialmente, a la configuración del derecho de patente. La directriz transforma los derechos derivados de la patente en un derecho de propiedad prácticamente ilimitado en el objeto (todas las invenciones -casi todas las realidades- pueden ser patentadas); en el tiempo (el límite de 20 años pasa a ser de 396 años) y frente a las terceras personas interesadas (deroga todas las limitaciones vigentes en los ordenamientos de los estados miembros en este aspecto).
La resistencia a ATCI en la ConIber
Las movilizaciones del pueblo contra la ATCI y los procesos constituyentes de la Confederación Ibérica (ConIber) impidieron al parlamento español y al portugués iniciar los trámites para la transposición de la Directriz.
Después de 2021 la situación se complicó con el nuevo estado confederal y la voluntad mayoritaria de los pueblos ibéricos, expresada en un referéndum, de salir de la UE. El 8 de febrero de 2022 la Alta Representante de la Confederación Ibérica para las relaciones con la Unión Europea anunció al Consejo europeo la voluntad de todos los estados confederados de abandonar la Unión y comenzaron las negociaciones para su salida.
El anuncio de la ConIber fue muy bien recibido por las instituciones europeas que llevaban tiempo queriendo imponer a Portugal y a España unas medidas semejantes la aquellas que llevaron a Grecia a solicitar su salida de la UE. Aún con todo las negociaciones no fueron fáciles pues las grandes empresas querían mantener su influencia sobre los gobiernos de los nuevos estados peninsulares para lo cual la UE había demostrado ser una herramienta muy útil. La Asociación Trasatlántica fue uno de los más influyentes grupos de presión en aquellas negociaciones.
La transposición de las directrices pendientes, entre ellas la de homogeneización de la normativa de la propiedad intelectual, fue uno de los puntos más polémicos de aquellas conversaciones. La representante de la ConIber defendía la voluntad expresada por los pueblos ibéricos, que habían solicitado el abandono de la UE precisamente por su sometimiento a las políticas económicas y comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos internacionales afines. Pero tuvo que ceder para evitar las sanciones económicas con las que la UE, amparada por el Banco Mundial (BM), amenazaba a los estados ibéricos.
El 01.05.2024 entró en vigor el Acuerdo entre la UE y la Confederación Ibérica para la retirada de los estados de la Confederación Ibérica hecho en Granada el 30.08.2023; que en su artículo 56 establece:
Todos los estados de la Confederación Ibérica se comprometen a mantener los tratados internacionales firmados en el nombre del Reino de España y la República de Portugal por los órganos competentes de la Unión Europea.
y en su art. 84.3:
Todos los estados de la Confederación Ibérica deberán transponer, de acuerdo con el reparto competencial establecido en sus respectivas constituciones, las directrices de la Unión Europea que estaban obligados a transponer la República de Portugal y el Reino de España antes de la fecha de la entrada en vigor de este tratado.
La no transposición de dichas normas supondrá, de acuerdo con la previsto en el Tratado de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su aplicación directa.
por lo tanto todos los estados de la ConIber continuaban obligados por el tratado ATCI y la Directriz 2019/143/UE.
Algunos sectores muy importantes de la ciudadanía se echaron a las calles en la defensa del procomún tras sentirse estafados por el acuerdo firmado con la UE. La Alta Representante explicó en la Asamblea Confederal que ConIber no tenía otra alternativa que cumplir con los principios del derecho internacional público y con los compromisos previamente asumidos por Portugal y España. Los representantes de los distintos Estados acordaron conferir poder a la representante para negociar, de manera inmediata, con los EUA un nuevo tratado comercial que respetara las voluntad de los nuevos estados peninsulares.
A pesar de estos intentos, la ATCI comenzó a presionar, nuevamente a través de la OMC y el BM, para que los estados acogieran en sus ordenamientos sus criterios sobre propiedad intelectual.
Las diferentes composiciones de los parlamentos estatales determinaron dos tipos de respuesta legislativas.
El modelo astur-leonés
La preponderancia de fuerzas ecosocialistas y favorables a la propiedad comunal en el parlamento de la República astur-leonesa llevó a la aprobación en los primeros meses de 2025 de una ley para la regulación de la propiedad intelectual que, entre otros aspectos, recogía el derecho de patentes en los siguientes términos:
- Mantiene el concepto “invención nueva” de la antigua ley del Reino de España y considera como tal aquella invención que no estuviere en el “estado de la técnica”. Esa “invención nueva” es la única realidad susceptible de ser patentada.
- Las invenciones que no pueden tener la calificación de nuevas (aquellas que ya existían en el momento de la entrada en vigor de la ley o las invenciones que solo suponen un perfeccionamiento de las ya existentes) pasan a ser propiedad intelectual del Estado y a tener la consideración de dominio público por lo que, dentro del territorio astur-leonés y durante el tiempo reconocido por el tratado ATCI, cualquier persona podrá usar o explotar las realidades patentadas sin ninguna limitación y sin necesidad de consentimiento previo, de acuerdo con el previsto en esta norma.
- Las patentes registradas por el estado astur-leonés se prorrogan de manera automática por los períodos previstos en los tratados internacionales vigentes o que firme en el futuro la Confederación Ibérica sobre esta materia.
- Las patentes registradas por l@s particulares solo se prorrogan en el caso de que l@s interesad@s inicien el procedimiento antes de la extinción del plazo de 99 años. En otro caso pasarán al dominio público astur-leonés.
Siguieron este modelo otros estados ibéricos como las repúblicas portuguesa y bética,...
La situación en Aragón.
En los parlamentos en los que las fuerzas pro y poscapitalistas están más parejas (los de la República de Aragón, la República Participativa Catalana y Nueva Cartago, entre otros) se desencadenaron luchas de proyectos y proposiciones de ley para regular el derecho de patente.
En estos estados y por muy diversas razones, en las que much@s analistas quieren ver una oposición de los partidos mayoritarios a los principios del ATCI, aun no se aprobaron nuevas leyes para acomodar sus ordenamientos a la Directriz. «En la situación actual nadie se atreve a asumir la responsabilidad de no cumplir con los deberes de la ATCI pero tampoco a llevar hasta el fin las normas de esa Asociación» -comenta a politóloga Cecilia Nores- «Mientras los partidos que apoyan a los diversos gobiernos de la ConIber vienen optando por dejar hacer y no entorpecer el funcionamiento de las comunidades locales, las fuerzas minoritarias -financiadas por los lobbys de las corporaciones- hacen lo que pueden... Pero la aritmética parlamentaria es la que es.» Un claro ejemplo es la votación del último pleno del parlamento aragonés en la que los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno devolvieron a la Comisión de Industria y Comercio la proposición de ley 236/2029 por no haber pasado el trámite de la «evaluación de los letrados de las Cortes (…), que es necesario de acuerdo con lo previsto en el reglamento», según manifestó, Luis Cedera, portavoz del grupo ecofeminista, uno de los partidos que lideró la lucha contra este proyecto en las calles y ahora intenta que no se apruebe en el legislativo. El resto de los grupos se abstuvieron o votaron en contra por distintas razones que van desde que dicho «informe no es necesario si el pleno renuncia a él» del grupo mancomunal; al «un pequeño error formal no puede suponer un nuevo retraso en la adopción de una normativa que supone que, una vez más, l@s aragones@s quedemos fuera del concierto internacional, separándonos de nuestros tradicionales aliados para acercarnos a las filas de la Alianza Gaia», del grupo capitalista.
La proposición de ley ahora rechazada, que fue presentada por las fuerzas más conservadoras con representación parlamentaria, es el quinto intento de transponer al ordenamiento aragonés la directriz 2019/143/UE. Hace dos meses que los grupos procapitalistas habían aplazado, sin fecha, la votación del proyecto de ley 15/2030 sobre la misma materia. Este proyecto, elaborado por el ejecutivo aragonés tras las revueltas del último año, suaviza la aplicación de la directriz, siguiendo tímidamente el modelo de las leyes portuguesa o astur-leonesa, y ofrece amparo a muchas de las costumbres de nuestras comarcas que hasta hoy no han sido perseguidas.
«La Directriz 2019/143/UE continúa vinculándonos de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 84 del Acuerdo de retirada de los estados de la ConIber de la UE. Que nuestro legislador no haya reformado las normas sobre propiedad industrial en el plazo establecido por la Directriz 2019/143/UE supone la posibilidad de que actúe el llamado “efecto directo de las directrices”» -explica Manuel López, que fue titular de la cátedra de derecho internacional público en la Universidad de Zaragoza - «En el caso de las directrices que tienen un contenido normativo “incondicional y suficientemente claro y preciso”, como es la norma sobre patentes, cualquier particular -o empresa- que entienda que la no transposición de sus principios al derecho ibérico daña sus intereses puede reclamar ante los tribunales que se apliquen directamente. De hecho las transnacionales abrieron nuevas líneas de presión, al margen de los lobbys que habían usado hasta el momento: amparándose en ese “efecto directo” están aplicando la vía que les permite el art. 45 del tratado ATCI». Esta vía, según explica Manuel López, permite a los inversores solicitar ante un organismo de arbitraje vinculado al Banco Mundial (el Centro Internacional de Arreglo de las diferencias relativas a inversiones -CIADI-) una indemnización al estado cuya política legislativa vulnere las disposiciones contenidas en el tratado. «Varias empresas (Monsanto-Bayern; 3M; Microsoft;...)» -continúa López- «presentaron en los últimos meses varias demandas contra Aragón y otros estados de la ConIber alegando que el retraso en la transposición de la directriz del Parlamento Europeo les causó graves perjuicios económicos. De prosperar esas demandas la situación económica de la República se agravaría».
Varias fuentes vinculan el nuevo empuje que la Comisión de Industria y Comercio de las Cortes de Aragón dio el mes pasado la propuesta de reforma de la ley de patentes presentada por los grupos de la oposición con las demandas interpuestas por las corporaciones. Parece que las empresas se habrían comprometido a desistir de sus demandas si en un plazo «razonable» se modifica la reglamentación de la propiedad industrial.
«Ahora más que nunca es necesario volver a las calles» -replica Marina Fernández- «para evitar la aprobación del proyecto. La nueva ley de patentes cerrará muchas puertas que hoy tenemos entreabiertas. Sabemos cuáles serán los siguientes pasos de las corporaciones porque en otros estados ya los comenzaron a dar. La OMC enviará inspectoræs para buscar las infracciones que les permitan sancionar a las comarcas, las comunidades locales y las personas que, según ellos, vulneren la normativa vigente.»
«El caso griego es paradigmático, allá l@s inspectoræs de la OMC confeccionaron un informe que presentaron al Consejo General de la OMC y que terminó en una sanción multibillonaria al estado.» -completa Cecilia Nores- «Además las corporaciones usaron el informe de la OMC para presentar sus propias demandas ante los tribunales de arbitraje del Banco Mundial»
La resistencia en la práctica
Al margen de estos grandes pactos internacionales y de las reyertas legislativas se desarrolla la vida diaria de millones de personas que puede verse afectada por sus resultados. Manuel Caamaño tiene claro que los gobiernos tiene que hacer de parapeto frente las presiones internacionales y, en su caso, asumir los costes de las posibles sanciones.
En ese sentido parecen estar actuando algunos de los estados confederados. La declaración de 12 de agosto de la Cámara de representantes de la República Bética instó a su gobierno «a no repercutir en la población ninguna de las sanciones internacionales que se puedan imponer al Estado en aplicación de los acuerdos de libre comercio suscritos con anterioridad a Constitución de la Républica» y en otras asambleas los grupos poscapitalistas promueven iniciativas semejantes.
Varias cooperativas integrales de las comarcas aragonesas se reunieron recientemente con los grupos parlamentarios para solicitar que sea cuál sea la norma que salga de las Cortes incluya la que denominan «excepción pro común», disposición que permitiría a cualquier cooperativa o particular usar y explotar cualquier invención sujeta a derecho de patente sin necesidad de autorización ni el deber de indemnizar al titular del dicho derecho de propiedad intelectual siempre que la utilidad sea para la propia cooperativa, sus miembros o el particular y su comunidad local y no exista ánimo de lucro por parte de la persona explotadora.
Parece que ninguno de los estados de la ConIber tiene interés, ni muchos de ellos medios, para exigir que la ciudadanía, las comunidades locales y las comarcas cumplan las normas internacionales sobre el derecho de patente. «En el actual contexto» señaló recientemente una fuente del gobierno aragonés- «no podemos más que tolerar y apoyar todas las iniciativas que permitan a las distintas comunidades desarrollar su vida y cooperar entre ellas en paz y seguridad sin repetir los esquemas del modelo que rechazamos en nuestra Carta Magna». Por otra parte, al margen del texto de la ley los estados consienten las nuevas costumbres que son la simiente del derecho del mañana; un derecho que parece que poco tendrá que ver con aquellas normas de antaño, hijas del capitalismo.
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